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Controladores sin control

2010-12-08T18:05:00.002+01:00

Por Francisco Javier Vivas
La medida de declarar el Estado de alarma adoptada por el Gobierno ha puesto fin de modo drástico al plante laboral, decidido el viernes por la tarde por los operarios del control aeroportuario de AENA, que ha paralizado durante 24 horas prácticamente todo el espacio aéreo español, afectando a más de 4000 vuelos y a unas 650.000 personas.

Amparada en una sospechosa epidemia de ansiedad -curada tan de repente como llegó-, con que se justificó el abandono del puesto de trabajo, la huelga total no declarada (ilegal) ha sido la última muestra, hasta ahora, de las arteras presiones de los controladores sobre la ciudadanía para disuadir al Gobierno de su intención de modificar su privilegiada situación laboral. El paro no parece una inmediata respuesta al decreto gubernamental del viernes, sino otra vuelta de tuerca, aprovechando el momento turístico y la coyuntura política, en la pugna que el sindicato USCA mantiene con los poderes públicos mediante presiones como amenazas de huelga, bajas por enfermedad y otros ingeniosos recursos para no declarar huelgas legales (que tendrían como efecto mermas en el salario y podrían no ser autorizadas). Ardides que han provocado retrasos y cancelaciones de vuelos en varias ocasiones, la última de ellas, la pasada semana en Galicia.

La situación no es nueva, sino que viene de atrás. Acostumbrados a actuar recurriendo a las amenazas, la intransigencia del colectivo de controladores, derivada de su reducido número y de su posición estratégica, se ha mantenido con todos los gobiernos; no ha importado el signo político de quien gobernaba sino conservar las prebendas, pero ha sido el Gobierno de Zapatero el primero que ha decidido poner coto a sus pretensiones en un momento en que la crisis económica hace difícil explicar que se mantengan sus ventajosas condiciones laborales, que, en parte, tienen su origen en el mandato de Aznar. Así que, tanto Rajoy como González Pons, harían vienen en guardar silencio.

En el Partido Popular, tan predispuestos hacia los deseos de los estamentos privilegiados, no podían dejar de atender las demandas de esta reducida casta y legaron a la posteridad un convenio con la USCA que dejaba a los operarios la gestión de su trabajo -¡autogestión yugoslava!- y unas remuneraciones salariales astronómicas.

Según AENA, en el año 2009, el salario medio de un controlador, incluyendo horas extras, era de 350.000 euros anuales (58 millones de pesetas), aunque más de un centenar ha llegado a cobrar 600.000 euros (100 millones de pts) y un par de decenas ha percibido hasta 750.000 euros (125 millones de pts). Un escandaloso salario para el trabajo que realizan y la cualificación profesional que poseen. Lo cual explica las presiones por mantener una reducida plantilla, que permite realizar muchas horas extraordinarias, jugosamente remuneradas para evitar las crisis de ansiedad que ha provocado su limitación y la rebaja de su remuneración.

Acostumbrados a tocar el cielo con la mano y con una noción corporativa de sus privilegios como si fueran derechos inalienables -ser controlador es casi como nacer duque-, los controladores se han resistido a aceptar las nuevas normas laborales impuestas por el ministerio de Fomento, que, con diversas medidas legislativas a lo largo del año, ha devuelto la organización y el control de los vuelos a AENA, ha suprimido la posibilidad de jubilarse a los 52 años percibiendo el sueldo entero, ha establecido un horario laboral de 1670 horas anuales y un máximo de 80 horas extras, y ha rebajado los salarios un 40%, dejándolos en un media de 200.000 euros anuales (33 millones de pts), que para sí quisieran otros trabajadores públicos y el resto de la población asalariada de este país.

Por ello me llenan de estupor algunos correos que circulan por la red apoyando a los controladores en nombre de los derechos de los trabajadores. En algunos mensajes se juzga el plante como una respuesta a la privatización de AENA, se mezcla la rebaja de sus sueldos con los bajos salarios de otros trabajadores, la pérdida de sus privilegios con los contratos precarios y se afirma que el Estado de alarma es continuación de la reforma laboral y una respuesta autoritaria al derecho de huelga ejercido por los controladores. En su confusión, equiparan los privilegios de una minoría con las condiciones generales de los trabajadores vejados por el capitalismo, metiendo en el mismo saco los contratos precarios con los de los controladores (blindados) y los bajos salarios del resto, cuando los controladores ganan más que los ministros, sus condiciones de vida y consumo no los asemejan a la clase trabajadora sino a los estratos más altos de los profesionales de la clase media, e incluso alta, con sueldos (públicos) equiparables a los de altos ejecutivos de empresas privadas.

Percibo en los emisores de estos correos una dejación de sus derechos como ciudadanos, entre ellos el de desplazarse y viajar, en favor de la ocurrencia de un grupo de privilegiados (¿unos 2000?) para decidir cuando se viaja y cuando no, y una falta de solidaridad con las más de 650.000 personas afectadas por el plante, cuyos planes y compromisos se han tenido que posponer o cancelar, sin contar los casos de verdadera urgencia (no todos los afectados viajaban por vacaciones), la general pérdida de tiempo y de dinero y el extravío de equipajes, así como falta de compañerismo con los empleados de las líneas aéreas y aeropuertos afectados por el paro, que han visto incrementada su carga de trabajo y, naturalmente, su ansiedad, que no es una sensación exclusiva de los controladores. Y percibo, igualmente, una dejación de sus derechos como contribuyentes. Es casi seguro que los autores de esos correos no se hayan preguntado quien paga a los controladores. AENA es una empresa pública, es decir, de todos (menos de los firmantes de esos correos, al parecer), y es difícil de justificar que de la caja (el Presupuesto del Estado) donde se ahorran 426 euros mensuales para los parados más necesitados, salgan esos sueldazos.

Pero esta vez los controladores han ido demasiado lejos, pues se enfrentan a las medidas que pueda adoptar AENA, a las responsabilidades derivadas de la aplicación de una legislación de excepción y a las demandas judiciales de miles de afectados, que, indignados con toda razón, buscan no sólo una mínima satisfacción sino el castigo de estos irresponsables.

Que no vuelva

2010-11-07T21:17:00.001+01:00

Por José M. Roca
Las aventuradas opiniones del Papa Ratzinger sobre la situación de la religión católica en España dejan ver que su habilidad como mareador de dogmas es perfectamente compatible con un gran desconocimiento del país que visita y con una impropia falta de tacto con un Gobierno que, de manera obsequiosa, le ha recibido con honores (y gastos) de jefe de Estado. Lo cual permite observar que las declaraciones basadas en la hipotética talla intelectual de Benedicto XVI coinciden con las apocalípticas e interesadas opiniones propaladas por el rústico cardenal Rouco Varela, que encabeza una Curia local añorante de los privilegios de la Iglesia durante la dictadura franquista.
Bastante lejos de un anticlericalismo agresivo similar al de los años treinta, que Joseph Ratzinger dice percibir en la España de hoy, la situación es justamente la contraria. No se priva a la Iglesia del negocio educativo, ni se incendian templos ni se persiguen curas, ni se expulsan órdenes religiosas; no se obliga a los católicos a divorciarse, a abortar o a contraer ningún tipo de matrimonio, ni se utiliza el credo religioso para discriminar laboral o políticamente ni para coartar la libertad de expresión, sino que nos topamos con una Iglesia que conserva privilegios inaceptables, generosamente subvencionada con dinero público, regida por una Curia intransigente y belicosa que se entromete en las labores del Congreso, desafía al Gobierno, deslegitima instituciones civiles, alienta el incumplimiento de las leyes, incentiva el conflicto social y no duda en sacar a sus seguidores a la calle, no a cumplir la liturgia o a rezar sino a atacar al Gobierno. Es una Iglesia que, sin el temor de verse juzgada en las urnas, ha adoptado un decidido papel político al colocarse al frente de las fuerzas sociales más retrogradas del país y arrastrar al partido de la derecha en su estrategia de enfrentarse al poder civil. Es la jerarquía católica la que aspira a conquistar y transformar el Estado civil en una teocracia más o menos declarada, y la que con un uso permanente de la propaganda alude a los años treinta para presentarse como víctima de una persecución no igualada en dos mil años, según la atrevida opinión del secretario de la Conferencia Episcopal. Por lo tanto, en la España de hoy, el laicismo es una actitud de defensa ante la ofensiva de una Iglesia, que, incapaz de asimilar los cambios habidos en la sociedad y de adaptar su abstrusa doctrina a las necesidades de los creyentes de hoy, ha decidido “iluminar” la vida de los católicos del siglo XXI con las oscuridades de una reafirmación dogmática propia del siglo XVI. Es una Iglesia que, obediente al mandato de Roma de renunciar a los avances del Concilio Vaticano II, vuelve los ojos a los tiempos del Concilio de Trento, en un país donde el proceso de modernización ha sido lento, tardío y con frecuencia interrumpido por retrocesos arcaizantes, a los cuales la Iglesia no ha sido ajena. El último de ellos fue la rebelión militar del 18 de julio de 1936, que dio lugar a una guerra civil, la tercera en menos de un siglo, en las cuales no faltó la instigación de la Iglesia, que guardó para la última el calificativo de cruzada. Luego, la jerarquía católica apoyó la cruenta posguerra y una larga dictadura que todavía sigue añorando, porque el general Franco llevó a cabo, manu militari (pero ¿cuándo le ha importado eso a la Curia?), el programa político de la Iglesia, que, en los años veinte y treinta, se extendió por Europa con ayuda de otros dictadores.

En fechas posteriores hemos visto que la Iglesia ha seguido enfeudada con nuevas dictaduras, tan atroces como católicos eran sus dirigentes, y que sin embargo ha perseguido, con un rigor acentuado por el celo con que Ratzinger ha ejercido su labor de gran inquisidor, a los miembros de su grey -como los seguidores de la Teología de la Liberación- que tenían la osadía de enfrentarse a ellas y poner, naturalmente, en entredicho el lamentable papel que ejercían las jerarquías locales y las autoridades de la Curia romana que lo consentían.

Es más, el Papa, como jefe de gobierno, debería medir mejor sus opiniones, pues, el Vaticano, por la estructura autoritaria del poder, la opacidad de sus órganos de decisión, la ausencia de usos democráticos, la marginación de las mujeres y la exigencia a sus funcionarios de renunciar a su capacidad sexual de manera ordenada (aunque se tolera y protege que se haga de forma desordenada) es un estado que no cumple los requisitos que se exigen a otros para formar parte de la comunidad de naciones respetables. Por lo anterior, no sólo ignora los derechos humanos, sino que los critica precisamente porque son humanos y, por tanto, inferiores a los mandatos divinos en los cuales dice inspirar sus normas de conducta.

Así que menos lecciones de historia y de moral, que nadie le ha pedido. Que se vaya Benedicto XVI o Benet Setze, el Papa inquisidor, y que no vuelva. Y a ver si el Gobierno de Zapatero aprende la lección de una vez y actúa en consecuencia.

De la huelga y su resultado

2010-10-02T22:55:00.001+02:00

Por Fray Anselmo de Larami
De fracaso califica la prensa del bunker el resultado de la huelga general. De fracaso la califica Rajoy, también miembro del bunker, y, como los anteriores, mal informado. Ignoramos si no se atrevió a salir a la calle o si estaba de viaje en el extranjero y no se enteró de que el día 29 de septiembre, en España, no fue un día normal, en particular en las zonas industriales y en las grandes ciudades. Carezco de cifras propias y no puedo discutir las de los sindicatos, ni tampoco dar crédito a las de la patronal; otras me parecen parcas y admito los matices del paro: más en las zonas industriales, en transportes, en sanidad, menos en servicios, en banca… Ni soy capaz de establecer un porcentaje ni de conceder una especie de calificación escolar (aprobado, notable sobresaliente) a la movilización, pero desde el punto de vista del primer objetivo perseguido -convencer a millones de personas para dejar de trabajar un día con quebranto de su salario y salir a la calle a manifestarse- la huelga fue un éxito, cuando casi nadie daba un euro por ella el día en que se convocó. El segundo objetivo, más ambicioso -conseguir del Gobierno un golpe de timón-, está aún por alcanzar y puede que no se alcance, pero con todo, la del 29 fue una jornada extraordinaria, porque planteó, con gente en la calle, no sólo un interesante debate sobre la propia huelga y sobre los sindicatos, sino sobre los planes de ajuste del Gobierno, hasta ahora circunscrito a los expertos, seguramente mejor informados pero también más contaminados por el discurso dominante, que casi ninguno de los gurús más conocidos cuestiona.

La jornada de protesta en la Unión Europea mostró que la población asalariada disiente de que el camino sugerido por los “mercados” y emprendido por el socialista Strauss Kahn, sucesor de Rato al frente del FMI, por Trichet, Merkel y compañía sea el mejor para salir de la recesión económica, porque fía la recuperación a la benevolencia de los estrategas que la han provocado, cuya primera medida ha sido negar su responsabilidad en el desastre, y la segunda, aprovechar el momento no para rectificar, sino para apretar el acelerador y arramblar de paso con todo lo que puedan. De deudores de explicaciones y de disculpas, se han convertido en acreedores de créditos. El caso español es aún más dramático, porque Zapatero, en calidad de presidente de turno de la UE cuando sonó la alarma, se comportó como el alumno más aplicado y adoptó un plan de ajuste de los más duros, dicen que comparable al de Grecia.

La huelga general ha mostrado también sus limitaciones como instrumento de presión de los trabajadores: se ha seguido más en las zonas industriales, donde la producción concentra a los trabajadores y es más alta la sindicación y menos en los servicios y el comercio. Más en las grandes empresas, donde la presencia sindical es más fuerte, que en las empresas pequeñas y el comercio. Los cambios en el sistema productivo son muy grandes y hay que tenerlos en también en cuenta. Por ejemplo, ¿qué seguimiento ha tenido la huelga entre los trabajadores dispersos y en el campo del teletrabajo? Imagino que muy escaso.

Sobre los piquetes. En algún caso ha habido excesos de los huelguistas, pero teniendo en cuenta la cantidad de gente movilizada, la tónica general ha sido de tranquilidad, nada que ver con la oleada de violencia que preveía la prensa de la derecha en su ataque a los sindicatos. Entrando en el terreno de la fuerza física, no hay que perder de vista a los guardas de seguridad privados ni a la policía, que se empleó a fondo en Madrid -hubo disparos al aire-, junto con los municipales que tampoco fueron mancos. Pero con todo ello, sigue siendo necesaria la acción de los piquetes de trabajadores para neutralizar la permanente coacción de las empresas y facilitar el ejercicio de un derecho -con coste económico- y el seguimiento de la huelga en lugares y empresas donde la representación sindical es escasa o falta y donde los trabajadores no se atreven a desafiar a la patronal, aunque desean sumarse a la huelga.

Y un par de líneas sobre la patronal, para la que la huelga ha sido un fracaso, aunque le ha dolido. Para los patronos, las empresas son paraísos donde se regala un inmerecido salario a unos trabajadores que cultivan sus habilidades, hacen amistades y se realizan como personas, pero la coacción de los piquetes rompe esta armónica relación del capital con el trabajo y obliga a dejar de trabajar. Así, si no hubiera piquetes no habría huelgas. En un lapsus franquista, el patrón de patrones ha dicho que donde hay libertad no hay huelga. En el mundo real es al revés; en las dictaduras las huelgas están prohibidas, pero a las patronales, en general, las dictaduras no les suelen molestar -por eso los empresarios van como locos a invertir en China y en el sureste asiático-, porque en ellas está garantizada la libertad…del capital y perseguida la de los trabajadores. Y llaman más la atención las opiniones de la patronal contra la huelga si tenemos en cuenta que, en España, el número de parados, es decir de despedidos, es de 4.500.000 trabajadores; el equivalente a todo un sector de la producción. O sea, que en este santo país, tenemos una huelga general cada día por decisión patronal.

Pasto de tiburones

2010-10-02T22:35:00.006+02:00

Por José M. Roca

El viaje de Zapatero a Nueva York para entrevistarse con representantes de lo más granado del capitalismo mundial es un signo de estos tiempos aciagos. En un desayuno a puerta cerrada con directivos de los bancos de negocios y fondos de inversión más importantes de EE.UU., el Jefe del Gobierno español ha dado cuenta de las medidas de ajuste adoptadas desde que recibiera sus avisos la pasada primavera. Ante tal tribunal, Zapatero se examinó sirviendo en bandeja, como se ofreció a Salomé la cabeza del Bautista, la reforma laboral, la rebaja salarial de los empleados públicos, la congelación de las pensiones, la reforma del sistema de pensiones y la merma general del gasto público, que convierten a las capas económicamente más débiles de la población española en pasto de los tiburones de Wall Street, donde se originó la crisis financiera que ha sido una de las causas del endeudamiento de los países por la decisión de los gobiernos de hacerle frente con ingentes cantidades de dinero público. Como si tratara de aplacar la ira de un dios sanguinario, Zapatero ofreció a los causantes de la crisis el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de millones personas, con tal de que, antes de llevarnos a la quiebra por sus ansias de dinero, nos permitan sanear el sistema capitalista con un capitalismo más despótico y descarnado.

Si el estallido de la crisis en el país con el sector financiero más evolucionado del mundo y su posterior deriva hacia una recesión económica casi general plantea la labor de poner en solfa las corrientes económicas dominantes en los últimos treinta años, difundidas desde fundaciones, universidades, cátedras y departamentos de economía, escuelas de negocios y prensa especializada, la solución a la crisis ofrecida por los gobiernos occidentales, en particular, por socialdemócratas y laboristas, obliga a revisar las teorías sobre la gobernanza global puestas de moda por sus intelectuales.

No es un recurso retórico preguntarse qué lugar ocupa hoy la política en los países industriales y democráticos, y cuál es la función de los gobiernos en países como EE.UU., España o los que forman la Unión Europea. ¿Para quién deben gobernar los representantes políticos? ¿Por qué intereses deben velar? ¿Qué necesidades sociales deben satisfacer? ¿Qué deben proporcionar a los ciudadanos? ¿Deben acentuar las desigualdades sociales o paliarlas? ¿Deben apoyar las corrientes económicas dominantes u oponerse a ellas? ¿Les debe guiar el bienestar de los ciudadanos o el interés de los mercados? ¿Deben prestar atención preferente a los grupos sociales económicamente mejor situados, o dedicarla a los más débiles?

Estas preguntas y otras semejantes, así como las oportunas respuestas están al margen de la agenda política; están fuera de lugar en un momento en que, por las decisiones que el Gobierno está adoptando, y cuyas consecuencias los ciudadanos van a arrostrar, deberían figurar en el primer plano de la actualidad y dar a lugar a un debate público, en España y a ser posible en Europa, sobre el origen y los responsables de la crisis y cómo salir de ella. Al revés de esto, los gobiernos conservadores de la UE se han alineado sin titubeos con las exigencias del mercado financiero y lo mismo ha hecho nuestro Gobierno, que ha aplicado el programa económico del Partido Popular, aún cuando los dirigentes de éste se muestren insatisfechos con ello.

Cuando gobiernos democráticamente elegidos se convierten en dóciles correas de transmisión de los mercados y la opinión de los ciudadanos se margina en tan graves momentos, es obligado pensar que hemos llegado a la situación que ya apuntaba un informe sobre la ingobernabilidad de las democracias, elaborado, en 1975, por Michel Crozier y Samuel Huntington para la recién fundada Comisión Trilateral. Lo que vino después, con la llamada revolución conservadora, fue crear las condiciones jurídicas y lograr el asentimiento social para la supeditar la política democrática a la libre circulación del capital privado a escala mundial, pues, en el sistema capitalista, cuando los capitalistas actúan como tales están más interesados en multiplicar el beneficio económico que en promover la democracia y la libertad de los ciudadanos, que pueden ser sacrificadas en aras del primero.

El grado en ahora que lo consigan depende de nosotros, los ciudadanos, y en particular de los asalariados; un primer paso para pararles los pies es secundar el día 29 la huelga general. Así que no seamos dócilmente pasto de tiburones.

¿Por qué nos castigan, si hemos cumplido?

2010-10-02T22:34:00.005+02:00

Por Francisco Javier Vivas

Organizaciones económicas internacionales a través de los gobiernos locales han decidido aplicar sobre las rentas de trabajadores y pensionistas el grueso de las duras medidas de ajuste para salir de la recesión. Parece un unilateral castigo, y realmente lo es. Dicen que hemos consumido demasiado y, que, como efecto de ello, hemos contraído unas deudas que no podemos devolver. Quizá tengan razón; las cifras de la deuda privada y pública son alarmantes, aunque parte de la deuda pública se debe al saneamiento de la banca privada, que, además de prestar dinero a empresas y consumidores, ha tenido que ser rescatada del descalabro de sus aventuras financieras.

Como trabajadores, hemos sido disciplinados, pues hemos trabajado como se ha decidido desde la Unión Europea, aceptando las condiciones impuestas por los planes de convergencia de Maastrich y los Pactos de Estabilidad. Y como consumidores, hemos consumido, también, como nos han dicho, por activa y por pasiva, pero sobre todo por activa, porque ha existido en los últimos años una verdadera ofensiva para incrementar el consumo, sin que los gobiernos nos hayan prevenido sobre lo que podía ocurrir, sino todo lo contrario: tanto el Gobierno de Aznar como el de Zapatero se han referido en términos elogiosos a la pasada situación de bonanza económica, como si fuera a durar siempre, y en la que todo, o casi todo, el país gastaba y se endeudaba hasta las cejas.

Naturalmente, había voces que avisaban del peligro, pero hallaban poco eco y eran despreciadas como la opinión de los aguafiestas de siempre. Lo que ha prevalecido en los últimos quince años han sido las llamadas a consumir y a contraer deudas, porque el crédito era barato, las ofertas de los bancos eran continuas, las hipotecas tenían un bajo interés y cubrían el cien por cien, y a veces más, del precio de las viviendas, que como iba en aumento aconsejaba comprar hoy mejor que mañana. Desterradas de la memoria las grandes crisis y viviendo en la pregonada utopía de un mercado que es capaz de regularse, los ciudadanos hemos seguido las corrientes dominantes, la acción de los gobiernos, de la propaganda, las opiniones de los expertos, las campañas de publicidad, los consejos de los bancos y las llamadas al consumo (a salir, a viajar, a gastar; las rebajas, la moda…)

Con nuestra obediente actitud hemos contribuido a alimentar la lógica del sistema capitalista, que produce mercancías en masa y precisa, por tanto, del consumo en masa, fomentado por un clima de opinión, que, desde la publicidad a la industria de la cultura y el ocio, pasando por los medios de información, induce a consumir por encima de la renta percibida. De ahí viene la extensa gama de mecanismos (ventas a plazos, hipotecas, líneas de crédito, tarjetas de crédito) que permiten consumir a cuenta de una renta que aún no se tiene o de un salario que aún se ha de percibir; todo son facilidades para consumir, pues, sin el consumo masivo, el sistema se detiene. Y no parecía que fuera a detenerse.

Ahora se nos acusa de haber consumido demasiado y se nos castiga por ello como si fuéramos los únicos responsables de la crisis, olvidando que no hemos dispuesto de la misma información que quienes nos han incitado a consumir, ni de la misma capacidad de decidir que quienes han el presentado y defendido este modelo económico, que es más suyo que nuestro, y que se ha impulsado con un lenguaje hermético, en lejanos foros (el G-8, el G-20, Bruselas), en organizaciones cuyas actividades son secretas (Davos, el Club Bilderberg, la Trilateral) o amparado en las misteriosas decisiones de ese magma llamado mercado.

Y quienes han tenido la responsabilidad de gobernar han estado bastante lejos de actuar como moderadores del consumo; han realizado un trabajo a largo plazo a favor de un modelo que finalmente ha estallado, pues no sólo no han avisado del riesgo que corríamos sino que han utilizado electoralmente la bonanza económica y han minimizado la crisis cuando ha llegado, como en el caso de España. Y lo que es más grave: han desaprovechado el período de auge económico para corregir, no digo ya cambiar, sino sólo corregir, el modelo económico que ahora hemos de sacar a flote a costa de nuestros salarios y nuestras pensiones. Sólo por esto, la huelga general europea está más que justificada.

¡A LA HUELGA GENERAL!

2010-09-07T19:37:00.003+02:00

Colectivo Red Verde
Con las medidas de ajuste para salir de la recesión económica, adoptadas por el Gobierno español como por organismos económicos internacionales, aflora de manera descarnada la profunda desunión, la fisura que en las sociedades actuales separa los intereses de los propietarios de capital de las aspiraciones de quienes sólo poseen la capacidad (y con suerte, la posibilidad) de trabajar para otros. La contraposición de intereses entre capitalistas (empresarios, rentistas y asimilados) y trabajadores emerge desde el fondo de la sociedad, donde había quedado sepultada por el impostado consenso obtenido por la oleada neoliberal para sacrificar gran parte de las necesidades generales, colectivas, masivas, a los intereses de reducidos grupos sociales, que ahora han logrado influir en los foros internacionales para salir de la crisis tan airosamente como entraron, pues realmente mandan sobre las instituciones políticas aunque hayan sido democráticamente elegidas, y mucho más si no lo han sido.

Así inducidos, los gobiernos intentan sacar las economías nacionales de la recesión aplicando curas de caballo sobre sus efectos, no sobre sus causas. Quedan, pues, exentos de responsabilidad los artífices de este desastre, en primer lugar, los inventores de productos, subproductos y timos financieros y aquellos que han contribuido a engordar las distintas burbujas especulativas, así como los que durante años han formulado, creído, defendido y aplicado con mano de hierro los dogmas del mercado desregulado, de la fragmentación y deslocalización de empresas, la externalización de costes y la privatización de bienes y servicios públicos obteniendo con ello jugosos beneficios, que poco han contribuido al bienestar público gracias a las rebajas fiscales y a la escasa vigilancia de los gobiernos sobre el dinero sacado ilegalmente de la circulación y depositado en paraísos fiscales.

Quedan exentos de responsabilidades los que, de modo directo o en calidad de agentes cooperadores (España entre ellos), han contribuido en extender la increíble fantasía de un mercado global presuntamente autorregulado, que realmente ha sido una tapadera de la expansión imperial de un capitalismo muy agresivo con la naturaleza y con la población del Tercer Mundo. Quedan fuera del marco de las reformas para salir de la recesión no sólo la solicitud de un aporte fiscal extraordinario a quienes han obtenido cuantiosos beneficios en los años de bonanza, el aumento de impuestos a las empresas, un gravamen progresivo a las grandes fortunas, una tasa especial a los flujos de capital (llámese Tobin o Salgado), el recorte (o mejor la supresión) de las generosas aportaciones a la Iglesia católica, la persecución -en serio- del fraude fiscal y de la actividad económica llamada sumergida, pero realmente delictiva, estimada en el 23% del PIB, la reducción del presupuesto militar, la merma de las remuneraciones de cargos públicos y la aplicación estricta de la ley de incompatibilidades, así como la imposición de fuertes indemnizaciones económicas a los inventores de las estafas financieras.

Todo eso es como si no existiera; está fuera de la agenda política de los grandes partidos nacionales y de los nacionalistas y, por supuesto, fuera de los medios de información, que ¿realmente son de información si no hablan de ello? Pero la crisis ha colocado en primer término, aunque no en primera plana, la lógica que preside este sistema productivo y el gran drama social que conlleva: que son las condiciones en que se genera la riqueza, quien decide lo que se produce, cómo se reparte el excedente generado y dónde quedan los más perjudicados por tan desigual reparto, lo cual tiene que ver, además de con el sistema político, tanto con la configuración del mercado laboral como con el sistema fiscal, que es otra forma de orientar la redistribución de la riqueza producida hacia un lado o hacia otro.

En España, durante una serie de años la agenda política ha estado marcada en buena parte más que por las luchas de los trabajadores, por las luchas y escaramuzas suscitadas por la afirmación identitaria y/o cultural planteadas por diversos sujetos sociales (cuestiones de credo religioso, temas de género y sexo, familia, educación, estatutos autonómicos, usos y costumbres, las lenguas, los toros, los velos, etc), que han permitido ignorar las abismales diferencias de renta, la diferencia entre clases que engendra la sociedad capitalista, pero la convocatoria de la huelga general ha planteado de golpe el tema de la lucha de clases, y más concretamente del capital contra el trabajo, al señalar lo que se les viene encima a todos aquellos que carecen de capital.

Las reformas (o mejor, contrarreformas) en materia de empleo y desempleo, contratos, jornada, salarios, despidos, jubilación, etc, plantean un problema verdaderamente transversal, porque van a afectar a hombres y a mujeres, autóctonos y migrantes, obreros y empleados, oficiales y peones, maestros y aprendices, fijos y eventuales, jóvenes, maduros y viejos, heteros y gays, taurófilos y antitaurinos, creyentes y descreídos, y, por supuesto, a catalanes, vascos, gallegos, y a todos los demás, porque en eso sí que están de acuerdo los partidos que representan a las burguesía regionales (o nacionales si se prefiere así). Todos los trabajadores, sindicados o no, de izquierdas o de derechas, quedarán marcados no sólo por los efectos inmediatos de la recesión sino afectados por las medidas para salir de ella, decididas por la gran patronal, la gran banca y el gran capital nacional e internacional (eso sí que es solidaridad de clase) por medio de los partidos que sean; aquí el PSOE con apoyo del PNV y de CiU, y el regocijo del PP, y en otros países por medio de otros partidos. Tanto da. El gran capital internacional ha decidido arremeter contra los trabajadores y no hay más que hablar: hay que cumplir lo ordenado.

Aunque sólo sea por un día, la convocatoria de la huelga general supone un llamamiento para establecer una alianza coyuntural de las clases subalternas en toda Europa. Lo cual no es ninguna tontería. La lástima sería quedarse en eso, con todo lo que se nos viene encima.

Si quieres adherirte a nuestro manifiesto envianos un correo colectivoredverde@gmail.com

SOY CONSERVADOR

2010-09-07T19:34:00.003+02:00

Por José Manuel Roca
Lo asumo: soy conservador, quizá a mi edad ya no pueda ser otra cosa en ciertos asuntos importantes, por ejemplo, en lo relativo a la lucha de clases, término que tiene mala prensa: parece viejo, porque da la impresión de que, en una sociedad de clases medias (ojo con el término), no hay clases ni lucha.

En primer lugar porque a la derecha, de aquí y de fuera de aquí, siempre le ha interesado eludir o vilipendiar este término que descubre las falacias de su discurso. Pero esto lo doy por sabido.

En segundo, porque han pasado a primer plano otro tipo de luchas, culturales o identitarias, que expresan otros desequilibrios sociales, otras desigualdades, a veces magnificando pequeñas diferencias para establecer una identidad, en una era en que se busca la identidad de manera compulsiva y donde la victimización y la pertenencia a un grupo minoritario sirven muy bien a ese objetivo. No hay nada mejor que declarar la pertenencia a una minoría, real o presuntamente oprimida, para recibir apoyos de gente solidaria y, desde luego, para creer que se poseen la verdad y la razón sin más discusión. No digo todos, pero sí muchos de estos discursos identitarios son discursos blindados.

En tercer lugar, porque, para amplias capas de la población trabajadora, y sobre todo para las clases subalternas, el ejercicio de la profesión (el oficio) ha perdido importancia en la vida de los individuos. Antes, ser minero, metalúrgico, tipógrafo o ferroviario, profesiones que pasaban de padres a hijos, eran afirmaciones de identidad, casi títulos nobiliarios en el mundo del trabajo por todo lo que tenían detrás, producto, naturalmente, de la lucha de clases. Hoy eso es impensable no sólo porque los puestos de trabajo no se conservan tanto tiempo, sino porque la producción se ha transformado (las cambios técnicos son muy rápidos) o simplemente ha desaparecido (seguramente habrá metalúrgicos o trabajadores de astilleros en China, pero no en Avilés o en Sestao).

En el mismo sentido hay que indicar que, aunque ha mejorado la educación o la instrucción de las clases subalternas, que ha mejorado la enseñanza, que muchos hijos de obreros tienen estudios universitarios o cualificación profesional, ésta no siempre coincide con el ejercicio de la correspondiente profesión. Cualificación académica y ejercicio laboral profesional no coinciden. A muchos jóvenes tener estudios no les evita tenerse que emplear de camareros, repartidores de pizzas, reponedores o cajeros en un super. Y a otros, tener que aceptar multitud de trabajos diversos les impide adquirir la experiencia en una sola profesión que antes se conseguía con la estabilidad en el empleo. Así, muchos viven durante bastante tiempo de las presuntas ayudas a la formación y ejercen de becarios en un sitio y otro, y a otros les ocurre lo mismo contrato tras contrato (basura, of course), pero becario y precario no son profesiones aunque sí estadios de la vida cada vez más largos. O parado (de larga duración, ¡vaya!).

En el otro extremo, los que quieren definirse por la profesión y rentabilizar la cualificación académica, los más preparados y afortunados se ven sometidos a un reciclaje permanente a base de masters, cursos, seminarios e idiomas, para mantenerse en la onda de los salarios altos, o medianamente altos, y los empleos estables.

Pero con todo ello, las desigualdades sociales, las diferencias de renta y de lugar en la jerarquía social (no sólo en el campo productivo) permanecen por debajo de las profesiones o de la carencia de ellas. Desde los años setenta hacia acá, en las sociedades avanzadas (EE.UU. Europa…), sociedades de clases medias, es donde las clases medias han perdido importancia social y poder adquisitivo; se han acentuado las diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos y la polarización económica ha debilitado los estratos medio y bajo de las clases medias, caso notable en los EE.UU. La revolución conservadora y la aplicación práctica de las doctrinas neoliberales tenían ese objetivo. Y las medidas para salir de la recesión van a acentuar aún más las diferencias sociales.

Lo cual no es casual; y vamos con <la lucha>. Dos no luchan si uno no quiere ...y se deja pegar; lo cual no quiere decir que el que quiere luchar renuncie a obtener lo que desea, pero sin lucha. Si pide y se lo entregan sin resistencia, o con una resistencia testimonial, pues estupendo. Eso es lo que ha estado ocurriendo en el mundo durante los últimos 30 años, no sólo en el tercer mundo, también en el primero. Eso no es lucha de clases, claro; es rapiña de clase, con argucias ideológicas y poca resistencia de los que se han dejado expoliar. Lo cual no quiere decir que no haya oposiciones de clase, grupos sociales con intereses no coincidentes, o aún antagónicos, sino que hay unos muy listos que se las han arreglado muy bien para que los otros, la amplia mayoría de la población laboral, haya ido renunciando, a partir de los años 80, a las mejoras obtenidas desde el fin de la II guerra mundial (es la llamada crisis del Estado del bienestar y su corrección, que ha sido su merma).

Vicens Navarro señala en uno de sus escritos que la clase burguesa más poderosa de la historia (la norteamericana) es una clase invisible, no porque haya renunciado a perseguir sus intereses, sino porque lo consigue sin que se perciban sus intenciones. Chomsky indica que esta clase ha conseguido presentar sus particulares intereses como los intereses generales de todo el país y hacer ver los intereses de todos los demás (trabajadores, parados, emigrantes, enfermos, jubilados, etc,) como intereses particulares y, por lo tanto, contrarios al interés general, nacional, cuya representación esa clase se arroga en exclusiva. Cosas de la hegemonía, que diría Gramsci. Esta clase, esta burguesía americana, junto con las de otros países, no ha cejado en perseguir sus intereses y ha utilizado todas las instituciones nacionales e internacionales para conseguirlo. Esta clase, que niega la lucha de clases, no ha dejado de luchar como clase contra otros estratos sociales para conseguir lo que desea.

Con la convocatoria de la huelga general europea, lo que se plantea es la respuesta de los <damnificados> a la agresiva política de clase emprendida internacionalmente por los más ricos del planeta contra todos los que en su vida dependen de un salario. Es un llamamiento a los trabajadores de todo tipo para olvidar, por un día, las pequeñas o grandes diferencias identitarias y culturales, y dar una respuesta unitaria y coordinada a la clase social más poderosa y depredadora de la historia.

No sé si este es un punto de vista conservador o es que soy muy viejo; o ambas cosas.