La medida de declarar el Estado de alarma adoptada por el Gobierno ha puesto fin de modo drástico al plante laboral, decidido el viernes por la tarde por los operarios del control aeroportuario de AENA, que ha paralizado durante 24 horas prácticamente todo el espacio aéreo español, afectando a más de 4000 vuelos y a unas 650.000 personas.
El paro no parece una inmediata respuesta al decreto gubernamental del viernes, sino otra vuelta de tuerca, aprovechando el momento turístico y la coyuntura política, en la pugna que el sindicato USCA mantiene con los poderes públicos mediante presiones como amenazas de huelga, bajas por enfermedad y otros ingeniosos recursos para no declarar huelgas legales (que tendrían como efecto mermas en el salario y podrían no ser autorizadas). Ardides que han provocado retrasos y cancelaciones de vuelos en varias ocasiones, la última de ellas, la pasada semana en Galicia.
La situación no es nueva, sino que viene de atrás. Acostumbrados a actuar recurriendo a las amenazas, la intransigencia del colectivo de controladores, derivada de su reducido número y de su posición estratégica, se ha mantenido con todos los gobiernos; no ha importado el signo político de quien gobernaba sino conservar las prebendas, pero ha sido el Gobierno de Zapatero el primero que ha decidido poner coto a sus pretensiones en un momento en que la crisis económica hace difícil explicar que se mantengan sus ventajosas condiciones laborales, que, en parte, tienen su origen en el mandato de Aznar. Así que, tanto Rajoy como González Pons, harían vienen en guardar silencio.
En el Partido Popular, tan predispuestos hacia los deseos de los estamentos privilegiados, no podían dejar de atender las demandas de esta reducida casta y legaron a la posteridad un convenio con la USCA que dejaba a los operarios la gestión de su trabajo -¡autogestión yugoslava!- y unas remuneraciones salariales astronómicas.
Según AENA, en el año 2009, el salario medio de un controlador, incluyendo horas extras, era de 350.000 euros anuales (58 millones de pesetas), aunque más de un centenar ha llegado a cobrar 600.000 euros (100 millones de pts) y un par de decenas ha percibido hasta 750.000 euros (125 millones de pts). Un escandaloso salario para el trabajo que realizan y la cualificación profesional que poseen. Lo cual explica las presiones por mantener una reducida plantilla, que permite realizar muchas horas extraordinarias, jugosamente remuneradas para evitar las crisis de ansiedad que ha provocado su limitación y la rebaja de su remuneración.
Acostumbrados a tocar el cielo con la mano y con una noción corporativa de sus privilegios como si fueran derechos inalienables -ser controlador es casi como nacer duque-, los controladores se han resistido a aceptar las nuevas normas laborales impuestas por el ministerio de Fomento, que, con diversas medidas legislativas a lo largo del año, ha devuelto la organización y el control de los vuelos a AENA, ha suprimido la posibilidad de jubilarse a los 52 años percibiendo el sueldo entero, ha establecido un horario laboral de 1670 horas anuales y un máximo de 80 horas extras, y ha rebajado los salarios un 40%, dejándolos en un media de 200.000 euros anuales (33 millones de pts), que para sí quisieran otros trabajadores públicos y el resto de la población asalariada de este país.
Por ello me llenan de estupor algunos correos que circulan por la red apoyando a los controladores en nombre de los derechos de los trabajadores. En algunos mensajes se juzga el plante como una respuesta a la privatización de AENA, se mezcla la rebaja de sus sueldos con los bajos salarios de otros trabajadores, la pérdida de sus privilegios con los contratos precarios y se afirma que el Estado de alarma es continuación de la reforma laboral y una respuesta autoritaria al derecho de huelga ejercido por los controladores. En su confusión, equiparan los privilegios de una minoría con las condiciones generales de los trabajadores vejados por el capitalismo, metiendo en el mismo saco los contratos precarios con los de los controladores (blindados) y los bajos salarios del resto, cuando los controladores ganan más que los ministros, sus condiciones de vida y consumo no los asemejan a la clase trabajadora sino a los estratos más altos de los profesionales de la clase media, e incluso alta, con sueldos (públicos) equiparables a los de altos ejecutivos de empresas privadas.
Percibo en los emisores de estos correos una dejación de sus derechos como ciudadanos, entre ellos el de desplazarse y viajar, en favor de la ocurrencia de un grupo de privilegiados (¿unos 2000?) para decidir cuando se viaja y cuando no, y una falta de solidaridad con las más de 650.000 personas afectadas por el plante, cuyos planes y compromisos se han tenido que posponer o cancelar, sin contar los casos de verdadera urgencia (no todos los afectados viajaban por vacaciones), la general pérdida de tiempo y de dinero y el extravío de equipajes, así como falta de compañerismo con los empleados de las líneas aéreas y aeropuertos afectados por el paro, que han visto incrementada su carga de trabajo y, naturalmente, su ansiedad, que no es una sensación exclusiva de los controladores. Y percibo, igualmente, una dejación de sus derechos como contribuyentes. Es casi seguro que los autores de esos correos no se hayan preguntado quien paga a los controladores. AENA es una empresa pública, es decir, de todos (menos de los firmantes de esos correos, al parecer), y es difícil de justificar que de la caja (el Presupuesto del Estado) donde se ahorran 426 euros mensuales para los parados más necesitados, salgan esos sueldazos.
Pero esta vez los controladores han ido demasiado lejos, pues se enfrentan a las medidas que pueda adoptar AENA, a las responsabilidades derivadas de la aplicación de una legislación de excepción y a las demandas judiciales de miles de afectados, que, indignados con toda razón, buscan no sólo una mínima satisfacción sino el castigo de estos irresponsables.
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